La diputada mercedina advirtió que el Gobierno Nacional está empujando al sistema al colapso al no garantizar las prestaciones previstas por la normativa • Señaló atrasos en pagos, aranceles desactualizados y trabas burocráticas, mientras la Comisión de Discapacidad del Congreso permanece cerrada.
La diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria) utilizó sus redes sociales para alertar sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias. Según expresó, el Gobierno “no está cumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad” y mantiene paralizada la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, lo que impide dar respuestas institucionales a una problemática que se agrava día a día.
La legisladora participó de una reunión convocada por el vicepresidente de la Comisión, Juan Marino, junto al colectivo de personas con discapacidad. Allí se expuso que las prestaciones se encuentran atrasadas, los aranceles continúan por debajo de la inflación y las trabas burocráticas se multiplican, generando interrupciones en tratamientos y mayores dificultades para el acceso a derechos básicos.
Selva fue contundente: “Exigimos el cumplimiento pleno de la ley y respuestas urgentes. No se puede naturalizar la crueldad”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025 con amplio respaldo parlamentario, estableció un marco excepcional para garantizar la continuidad de prestaciones y tratamientos, así como la actualización de aranceles y la simplificación de trámites. La norma fue aprobada por ambas cámaras y ratificada tras el veto presidencial, lo que la convirtió en un símbolo de consenso político y social.
Sin embargo, desde entonces se multiplicaron las denuncias por incumplimientos en su aplicación. Organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y familias afectadas advierten que el Ejecutivo no ha destinado los recursos necesarios ni ha implementado los mecanismos previstos.
El debate se intensificó en las últimas semanas, con legisladores de distintos bloques reclamando la reapertura de la Comisión de Discapacidad para monitorear la situación y exigir al Gobierno que cumpla con la normativa vigente. Para Selva, la falta de respuestas oficiales y la persistencia de obstáculos burocráticos configuran un escenario de “crueldad institucional” que debe ser revertido de manera urgente.
