El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos rechazó la iniciativa de legisladores libertarios que busca modificar el régimen de sanciones y habilitar el corretaje sin matrícula profesional.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires declaró este fin de semana el estado de alerta institucional tras conocerse un proyecto de ley impulsado por diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. La propuesta plantea “desregular el mercado inmobiliario”, un objetivo que las autoridades colegiales consideran una amenaza directa a la seguridad jurídica de las operaciones y al ejercicio profesional matriculado.
El presidente de la entidad, el mercedino Luis Eusebio Colao, cuestionó con dureza la iniciativa presentada por nueve de los veinte legisladores libertarios. Según el dirigente, la norma representa “un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia” y busca equiparar a los martilleros con personas o empresas sin matrícula ni formación universitaria.
El punto más crítico se encuentra en la modificación del artículo 80 de la ley sectorial, que regula las sanciones por ejercicio ilegal. El texto propuesto excluye de infracciones y multas a quienes intervengan en operaciones inmobiliarias sin título habilitante. Para Colao, esta reforma “legaliza la ilegalidad y abre la puerta al reino de las estafas”, al despenalizar prácticas que hasta ahora eran consideradas delitos profesionales.
Desde el Colegio se advirtió que permitir el corretaje a personas sin formación académica formal pone en riesgo a los ciudadanos bonaerenses, al eliminar las garantías y controles deontológicos que rigen sobre los matriculados. Además, señalaron que la medida vulnera el esfuerzo de cientos de profesionales que cursaron una carrera universitaria y se perfeccionan de manera continua para brindar un servicio idóneo.
El impacto, remarcaron, no se limita al plano institucional: la aprobación de la ley podría precarizar o incluso eliminar las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que dependen directa o indirectamente del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires.
