El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires respaldó la participación de productores en el financiamiento de obras, pero exigió que toda intervención esté dirigida por profesionales matriculados para evitar daños hídricos, ambientales y legales.
La posibilidad de que productores agropecuarios se organicen para financiar y ejecutar el mantenimiento de caminos rurales comenzó a ganar espacio en distintos municipios bonaerenses como respuesta al estado deficiente de la red vial. Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires manifestaron apoyo a la iniciativa, aunque advirtieron que sólo puede desarrollarse si se respeta la normativa vigente y se cuenta con proyectos elaborados y dirigidos por profesionales matriculados.
El presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación privada puede ser una alternativa válida frente a la escasez de recursos públicos, pero remarcó que “el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”.
Riesgos de una mala intervención
Castellano explicó que modificar cunetas, alterar pendientes o cambiar el escurrimiento natural del agua sin estudios adecuados puede afectar no sólo al establecimiento donde se realiza la obra, sino también a campos vecinos aguas arriba o abajo. Subrayó que cada camino requiere un proyecto específico según su uso: no es lo mismo un acceso tambero con transitabilidad diaria que una traza destinada a la explotación agrícola o ganadera.
El dirigente recordó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar estudios previos, presentar proyectos, contar con dirección profesional habilitada y obtener las aprobaciones técnicas y administrativas antes de iniciar cualquier obra. “No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores”, señaló.
Municipios bajo la lupa
La advertencia también alcanza a los gobiernos locales que evalúan autorizar este tipo de iniciativas. Según el Colegio, los municipios deben exigir en todo el proceso la presencia de profesionales de la ingeniería para garantizar que las obras sean proyectadas y ejecutadas de manera competente. De lo contrario, además de malgastar recursos, podrían comprometer la calidad de los trabajos y generar afectaciones hidráulicas o ambientales.
Una oportunidad con planificación
Lejos de rechazar el esquema de financiamiento privado, Castellano consideró que puede convertirse en una oportunidad para liberar recursos públicos y destinarlos a sectores que no cuentan con capacidad económica para afrontar inversiones. Sin embargo, insistió en que el éxito del modelo dependerá de incorporar lo que muchas veces faltó en las obras públicas tradicionales: planificación técnica rigurosa, estudios previos exhaustivos y dirección profesional comprometida.
“La participación privada será una solución duradera y necesaria frente a la falta de recursos si se lleva a cabo con criterio. Financiar una obra no alcanza; también hay que ejecutarla con criterios de ingeniería y dentro del marco legal vigente”, concluyó.
