La central obrera expresó su desacuerdo tras el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de los límites a la extranjerización de inmuebles rurales • A través de un documento oficial, la conducción sindical remarcó la necesidad de proteger la soberanía, la producción y los recursos naturales.
A través de un comunicado público titulado “Argentina no está en venta”, la CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles manifestó su firme rechazo a la eliminación de las restricciones que regulaban la propiedad de campos e inmuebles rurales en manos de inversores extranjeros. El pronunciamiento se produjo luego de que un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara nuevamente en aplicación el artículo 154 del DNU 70/2023, dispositivo mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional derogó la Ley 26.737, dejando sin efecto el tope general del 15% de dominio extranjero sobre el territorio rural.
Desde la conducción de la central obrera regional sostuvieron que la tierra no debe ser interpretada como una simple mercancía comercial, enfatizando que su posesión está directamente ligada a la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, la generación de empleo y el resguardo de la soberanía nacional. En ese sentido, remarcaron que el patrimonio natural y territorial constituye un recurso estratégico que pertenece tanto a la sociedad actual como a las generaciones futuras.
Reclamo por la preservación del patrimonio nacional
En el texto difundido, las autoridades sindicales recordaron que la flexibilización de estos marcos normativos ya había generado reparos en diversos sectores sociales, gremiales y productivos a lo largo del año. Frente al panorama judicial y normativo actual, la entidad reafirmó la postura expresada en previas movilizaciones y pronunciamientos públicos en defensa del territorio.
Finalmente, desde la CGT Regional insistieron en la necesidad de contar con un marco legal que preserve las limitaciones a la extranjerización de divisas e inmuebles agrícolas. La dirigencia concluyó el documento exigiendo normativas de protección soberana y ratificando que el desarrollo económico de la nación no puede alcanzarse mediante la desprotección de los bienes y recursos naturales del país.
