La iniciativa presentada por el diputado Facundo Tignanelli propone crear un régimen provincial de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores • El organismo que conduce Guido Lorenzino tendría un rol central en la negociación colectiva y en la protección de los bonaerenses frente a abusos financieros.
En la Provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto de ley que apunta a enfrentar el creciente problema del sobreendeudamiento de consumidores. La propuesta, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, busca crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento, con la Defensoría del Pueblo bonaerense como organismo clave en la asistencia y mediación.
El esquema prevé que la Defensoría, además de atender casos particulares, ofrezca una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de deudas y frenar abusos de financieras, plataformas digitales y agencias de cobro. El defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, explicó que el objetivo es “ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”. En esa línea, agregó que se busca un proceso justo para ambas partes, dejando de lado la hostilidad y el maltrato que sufren quienes se encuentran en esta situación.
Por su parte, Tignanelli señaló que el Estado debe igualar el poder de las empresas y que el modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se había visto. “Tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, sostuvo, al remarcar que la negociación colectiva permitirá analizar la situación económica integral de cada persona y evitar que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás.
La iniciativa establece que los acreedores tendrán la obligación de participar y colaborar en estas instancias. La falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información o las maniobras dilatorias serán consideradas incumplimientos. El proyecto busca facilitar la regularización de deudas, preservar las condiciones de subsistencia de las familias, evitar el crecimiento desproporcionado de intereses y comisiones, promover soluciones compatibles con la capacidad económica real de cada caso y garantizar condiciones dignas y transparentes de cobranza.
El asesoramiento de la Defensoría será gratuito y permitirá coordinar negociaciones entre consumidores y acreedores. En caso de convertirse en ley, esta instancia será obligatoria antes de que la negociación avance por la vía judicial, lo que apunta a reducir costos y tiempos para las personas afectadas y disminuir la judicialización de los conflictos.
