Por Juan Pablo López Baggio
Cada vez que se discute la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias aparece el mismo argumento: “son demasiado caras”. Pero hay una pregunta anterior que casi nunca se formula: ¿qué sistema alternativo garantiza que la selección de candidatos siga siendo democrática, abierta y participativa? Porque eliminar las PASO no elimina la necesidad de seleccionar candidatos, simplemente modifica quién los selecciona y cómo. Y allí está el verdadero debate.
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Si se eliminan las PASO, no vuelven automáticamente las internas partidarias
Durante los años de vigencia del sistema de PASO, los partidos políticos fueron adecuando sus cartas orgánicas al nuevo régimen electoral. En muchos casos, las elecciones internas dejaron de ser el mecanismo habitual para seleccionar candidatos. Las estructuras partidarias se adaptaron a un sistema en el que la competencia electoral interna pasó a canalizarse mediante las PASO.
Por eso, sostener que, eliminadas las PASO, simplemente “volverán las internas” supone desconocer la transformación que produjo el propio sistema electoral.
No existe un botón que permita volver al esquema anterior. Habría que reconstruir mecanismos internos, padrones, órganos electorales partidarios, autoridades, fiscalización, logística y, fundamentalmente, condiciones materiales que permitan que esas elecciones funcionen realmente bien.
La discusión, entonces, no puede ser solamente PASO sí o PASO no. Debe ser: ¿qué mecanismo concreto las reemplaza y cómo se garantiza que ese mecanismo sea democrático?
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Las contiendas con esquemas de alianzas electorales
La política electoral argentina tampoco es la misma que décadas atrás. En las elecciones nacionales, los partidos políticos ya no participan de manera individual – como lo hacían otrora el peronismo o el radicalismo – ahora concurren frecuentemente integrando alianzas electorales. Y cuando una candidatura debe surgir de una coalición integrada por distintos partidos, resulta extremadamente difícil organizar una elección interna tradicional que permita resolver esa competencia a escala nacional.
Las alianzas nacen y mueren en un proceso electoral, para renovarse o reordenarse en el siguiente. No son agrupamientos de tipo estanco, inamovibles. Los partidos políticos pueden reagruparse con otros, distintos entre una elección y otra, adoptando si lo desean nuevas denominaciones de alianzas.
Entonces la pregunta es: ¿Quién vota? ¿Los afiliados de todos los partidos de la alianza? ¿Sólo los afiliados del partido mayoritario? ¿También los independientes? ¿Quién confecciona el padrón? ¿Quién organiza y fiscaliza la elección? ¿Quién determina las reglas de competencia? ¿Qué capacidad puede tener una alianza circunstancial para darse un marco normativo, logístico y financiero en tan poco tiempo?
Las PASO ofrecen precisamente un ámbito institucional común para resolver esa disputa. Permiten que distintas expresiones políticas puedan competir dentro de un mismo espacio electoral y que sea la ciudadanía la que determine cuál de ellas representará finalmente a la alianza.
Por eso, eliminar las PASO sin ofrecer una alternativa equivalente puede significar trasladar la definición de las candidaturas desde las urnas hacia las negociaciones entre dirigentes.
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Una interna nacional cuesta dinero. La pregunta es quién puede pagarla
Hay otro aspecto que suele quedar deliberadamente fuera de la discusión: la organización material de una elección interna nacional. No alcanza con tener una lista y una boleta. Hace falta estructura territorial, fiscales, locales, autoridades, padrones, sistemas de información, transporte, comunicación, escrutinio provisorio con su respectiva transmisión y recuento, y toda una logística que permita que una lista pueda competir efectivamente.
Esta situación presenta un escenario muy complejo para la realización de elecciones internas, incluso para las grandes estructuras políticas. Para organizaciones independientes, sectores minoritarios o espacios que no cuentan con grandes recursos económicos, puede ser directamente inviable.
Y aquí aparece una paradoja: Quienes cuestionan las PASO por su costo y promueven que vuelvan las elecciones internas partidarias, pueden terminar promoviendo un sistema que multiplique las elecciones nacionales generando un mayor costo, o por el contrario eliminar la posibilidad de participación.
En esos casos, la posibilidad de competir dependerá de la capacidad económica de cada espacio político; porque cuando el Estado deja de organizar y garantizar una instancia común de competencia, esa organización debe ser financiada por alguien, y no todos pueden hacerlo.
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La participación política no es un gasto: es un principio democrático
La cuestión central no es logística ni presupuestaria. es constitucional y democrática.
Las PASO permiten que la ciudadanía intervenga no solamente en la elección de quienes ocuparán los cargos públicos, sino también en la selección de las candidaturas. Eso amplía la participación. Permite que existan alternativas dentro de los propios espacios políticos y que una candidatura no dependa exclusivamente de la decisión de una conducción partidaria.
La posibilidad de participar, competir y elegir constituye un principio esencial del derecho electoral.
Una democracia no consiste únicamente en votar cada determinado número de años. También consiste en garantizar que existan condiciones reales para que distintas expresiones puedan competir y para que los ciudadanos puedan intervenir en la definición de quienes finalmente los representarán. Las PASO lograron institucionalizar esa posibilidad.
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El verdadero costo es que las candidaturas se decidan en una mesa y no en las urnas.
Aquí está, probablemente, el punto central del debate. La crítica a las PASO suele concentrarse en su costo económico, pero existe otro costo, mucho más difícil de medir: el costo democrático de reemplazar la competencia electoral por la negociación cerrada.
Si no existe una instancia abierta para resolver las diferencias, esas diferencias no desaparecen, se resuelven de otra manera, en reuniones muy cerradas, en acuerdos entre dirigentes, en negociaciones entre sectores, y en el peor de los casos, bajo la influencia de quienes tienen mayor capacidad económica para financiar estructuras políticas y campañas electorales.
Por eso, decir que las PASO son “un gasto innecesario” es una mirada extremadamente limitada. Una elección cuesta dinero. Pero también cuesta dinero sostener una democracia.
Las PASO – como todo el sistema electoral – es perfectible, puede discutirse, reformarse y perfeccionarse. Se pueden reducir sus costos, mejorar su funcionamiento y corregir sus deficiencias, lo que no deberíamos hacer es eliminarlas sin construir una alternativa que preserve aquello que constituye su razón de ser.
Porque si la alternativa es que las candidaturas vuelvan a definirse entre cuatro paredes, habremos ahorrado el costo de una elección, pero habremos pagado un precio mucho más alto: Menos participación, menos competencia, más concentración, y más poder para quienes ya tienen poder.
Por eso, la discusión no debería ser cuánto cuesta una PASO, la verdadera pregunta debería ser: Cuánto estamos dispuestos a pagar para que las candidaturas sigan siendo decididas por los ciudadanos y no por las mesas ratonas del poder.
