En la madrugada del 4 de julio de 1976, a pocos meses de iniciada el tristemente célebre Proceso de Reorganización Nacional, la comunidad palotina del barrio de Belgrano fue víctima de un atentado que aún hoy permanece impune: tres sacerdotes y dos seminaristas fueron asesinados en la iglesia de San Patricio. El hecho tomó trascendencia nacional e internacional como la Masacre de San Patricio.
Y a la ciudad de Mercedes también le pegó fuerte porque entre las víctimas fatales se hallaban vecinos de Mercedes y de Suipacha. Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron asesinados en manos del terrorismo de Estado.
Las víctimas habían hecho una elección de vida pastoral desde la Teología de la Liberación, había hecho una opción por los pobres e integraban el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, lo que los volvía “subversivos” y “zurdos” para las fuerzas represivas.
Las pintadas dentro de la iglesia, donde hallaron los cuerpos acribillados, indicaban que ese fue el móvil del crimen. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, decía un mensaje y el otro: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (NdR: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)”.
Obviamente que tales acusaciones jamás fueron compradas. Y así hubiese sido cierto, resulta inadmisible que integrantes de las fuerzas armadas hayan masacrado impiadosamente a cinco individuos por las ideas que supuestamente profesaban.
Más allá de los sentidos homenajes que se realizan en estas tierras, es oportuno destacar que desde 2022 se encuentra en manos del juez federal Daniel Rafecas, un expediente que intenta establecer quienes fueron los autores materiales e intelectuales de aquella matanza.
Las pruebas colectadas por la querella apuntan a que se trató de una represalia de la Policía Federal por la explosión en el edificio de Coordinación Federal dos días antes, el 2 de julio de 1976.
En ese contexto, la querella de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia presentó un pedido de indagatoria a un juez y a 10 miembros de la Policía Federal que en 1976 integraban la comisaría 37 por considerar que participaron en la liberación de la zona y en el encubrimiento posterior del hecho.
La querella destacó que un móvil de la comisaría 37 a cargo del oficial ayudante Miguel Ángel Romano acudió ante un llamado de vecinos de la parroquia que habían visto dos vehículos sospechosos en la cuadra la madrugada del 4 de julio. Los policías habrían identificado a los miembros de la patota que se encontraban en dos autos Peugeot 504 a la espera de los sacerdotes y luego se retiraron del lugar advirtiendo a los vecinos que no salieran si escuchaban disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”.
“Fue gracias al aval permisivo de los funcionarios que aquí detallamos, que el grupo de homicidas pudo desplegar su acción sin problemas: quienes deben ser indagados son Miguel Romano, Atilio Edgardo Juárez, Agustín Baez, Manuel Ángel Carrió, Ricardo Daniel Contreras, ex principal Héctor Roberto Oliveto, Víctor Hugo Randazzo, Alberto José Rómulo y Roberto Modesto García y el entonces Inspector Ricardo Francisco De Víctor, todos ellos por su participación en el hecho”, señala la presentación ante Rafecas.
También solicitan que se llame a indagatoria al ex juez de la dictadura Guillermo Rivarola, quien será indagado ya por Rafecas por los hechos de la masacre del Pabellón Séptimo. La querella, representada por los abogados Pablo Llonto, Adrián Krmpotic y Ariel Noli, consideró que el juez Rivarola, quien tuvo a su cargo la primera instrucción de la causa, omitió investigar el rol de la policía y así garantizó la impunidad de los responsables.
“Reafirmamos una vez más que este crimen de lesa humanidad, que representa el mayor ataque contra la Iglesia católica en Argentina, no puede ni debe permanecer impune”, señaló Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia en un comunicado.
