Los imputados son Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller • Para la Justicia son responsables por omisión del desastre tóxico ocurrido en Mercedes en septiembre de 2019.
Finalmente el juez de garantías Patricio Arrieta entendió que había elementos suficientes en la investigación judicial que se llevó adelante para elevar la causa a juicio oral y público para determinar la responsabilidad de los directivos Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Mulleren el siniestro del 27 de septiembre de 2019.
Para el Juez Arrieta existió una “omisión por parte de los imputados, en su calidad de directores responsables de la empresa Sigma Agro S.A., de cumplir con el procedimiento de la habilitación del lugar para funcionar, así como la remediación incompleta del sitio contaminado tras el siniestro ocurrido el 27 de septiembre de 2019, revela una inobservancia grave de los deberes legales a su cargo, configurando una conducta penalmente típica en los términos del artículo 55 en función del artículo 57 de la Ley 24.051, que reprime al que manifiestamente infringiere los deberes que la ley impone para el manejo de residuos peligrosos, generando peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.”
Según Arrieta, “Sigma Agro S.A. operó clandestinamente, sin haber cumplido ninguna de estas fases ni contar con habilitación ambiental ni controles efectivos, situación que se mantuvo debido a la invisibilización de su funcionamiento ante el OPDS y la falta de intervención de las autoridades municipales competentes”.
El juez consideró además que las omisiones posteriores al siniestro en cuanto a las obligaciones de recomposición por parte de los imputados, imposibilitaron determinar con precisión la composición, magnitud y extensión de la contaminación del suelo, recursos hídricos y medio ambiente en general, generando un riesgo para la salud pública y el ambiente.
Vale recordar que explosión seguida de incendio de Sigma Agro causó uno de los peores derrames tóxicos en la historia de nuestro país. Hoy, a seis años del siniestro, aún persiste claramente visible la estela dejada por los agrotóxicos derramados en su camino a través del campo, hacia dos lagunas en las cuales nace el arroyo Balta, importante afluente del río Luján. Subsisten graves interrogantes sobre el alcance de la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, justamente en medio de una importante zona de producción hortícola.
En la madrugada del viernes 27 de septiembre de 2019 en la planta de elaboración y distribución de agroquímicos de la empresa, ubicada en el paraje La Verde, partido de Mercedes, tuvo lugar una explosión de gran magnitud que desató un incendio de proporciones gigantescas.
El fuego fue combatido por once dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes y localidades vecinas y tardó alrededor de 12 horas en ser extinguido. Un trabajador, Rubén Ponce de 42 años, que se encontraba en las inmediaciones, cayó en una zanja con líquidos derramados a raíz del incendio. Sufrió quemaduras de importancia en el 40% de su cuerpo y, tras permanecer internado una semana, falleció.
Se estima que el siniestro provocó el derrame de más de un millón de litros de agrotóxicos (incluyendo glifosato, paraquat y atrazina, entre otros).
Sin novedades de la Cámara
Si bien la Organización Ambientalista Autoconvocada –que impulsa la causa penal- celebró la decisión del juez de garantías de elevar la causa a juicio, aún espera la resolución judicial iniciada como acción preventiva de daños en la cual en primera instancia la jueza Cintia Soto desestimó la demanda declarando abstracto el reclamo. Los ambientalistas apelaron tal decisión y dicho expediente aún no tuvo resolución de la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelaciones que –previo a dictar sentencia- ordenó unas medidas para mejor proveer que ya fueron cumplidas.
“Nuestra Organización seguirá exigiendo, a través de los abogados intervinientes el Dr. Fabián Maggi y la Dra. Gimena Viviani, la pronta resolución del caso también en sede civil, con la amplitud probatoria que la materia ambiental permite, para poder finalmente alcanzar plena Justicia en un caso que se ha convertido en emblema de las consecuencias del modelo agrotóxico en nuestro país”, sostuvieron desde la organización.
