No solo ordenó suspender la auditoría que tenía previsto se realice esta semana, sino que ordenó que la AND se abstenga de suspender pensiones no contributivas • La presentación la había impulsado el jefe comunal.
Días atrás el intendente Juan Ustarroz se presentó ante la Justicia Federal de la Nación reclamando que se respete el derecho de las personas con discapacidad para poder ser parte de las auditorías anunciadas por el gobierno nacional, pero bajo correspondientes medidas y formar de convocatoria y no de forma intempestiva y abrupta.
La medida se basaba en que más de 600 vecinos de la ciudad habían sido notificados que la Agencia Nacional de Discapacidad iba a realizar una auditoría, pero no estaba claro el procedimiento a utilizarse ni se respetaban las garantías mínimas.
El jefe comunal sostuvo que existían múltiples inconsistencias en el llamado a la auditoría que la Agencia Nacional de Discapacidad tenía previsto hacer en la ciudad entre este lunes y el miércoles, razón por la cual solicitó que –en caso de avanzar la medida- la justicia garantice las condiciones y un trato digno a los vecinos beneficiarios.
La acción que se realizaría en Mercedes viene de la mano de la intención del gobierno nacional de avanzar en la reducción de prestaciones y personas con discapacidad protegidas por distintos programas.
El fin de semana que supo que el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar al planteo articulado y ordeno suspender la auditoría propuesta por el gobierno conducido por Milei.
El magistrado intimó a que la Agencia Nacional de Discapacidad “se abstenga de llevar a cabo cualquier suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral de las que son titulares los accionantes” y suspendió la auditoría hasta que se cumplan con las condiciones o se dicte sentencia de fondo.
Orden y progreso
Cuando se inició el proceso la directora de discapacidad municipal, Tatiana López, explicó que no estaban en contra que se realicen las auditorías “sí reclamamos que se hagan ordenadamente y con criterio. Ni siquiera sabemos cuántos beneficiarios están citados y a dónde, porque ANDIS no nos informó, y estamos haciendo un rastreo caso por caso”, expresó la funcionaria.
A partir del seguimiento realizado y la articulación con las instituciones, el municipio ya tiene identificados a más de 600 vecinos que recibieron la citación, aunque podrían ser unos dos mil beneficiarios.
“Muchos vienen desesperados a nuestra dirección porque no entienden qué deben hacer porque no hay nada claro. Y a muchos, por distintos motivos, no les llegó nada, con lo que corren el riesgo de perder la pensión sin siquiera saber la razón”, dijo la funcionaria resguardando el derecho a ser notificados con un orden y respetando las formas, dado que, reiteraron, “nadie niega la auditoria, pero sí que sea como corresponde en tiempo, forma y contenido”.
La medida les trae alivio a los beneficiarios de pensión por discapacidad en medio de un contexto bastante especial. Hace pocas semanas una mujer denunció que Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional De Discapacidad, durante un encuentro en marzo de 2024 le dijo: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
Segunda cautelar
No es la primera vez que el juez federal de Mercedes demuestra coraje al ponerle freno a medidas intempestivas del Poder Ejecutivo Nacional. En septiembre del año pasado hizo lugar a una cautelar presentada por la AFA para que disponga la suspensión de los artículos del DNU 730 que le imponía a la entidad madre del fútbol argentino el plazo de un año para que adecúe el estatuto que le permitiría ingresar a las sociedades anónimas.
