La CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles expresó su rechazo al aumento del peaje de Olivera y al cobro a las motocicletas. A través de un comunicado, sostuvo que las medidas perjudican a quienes necesitan trasladarse para trabajar, estudiar o atender su salud, y convocó a todos los sectores afectados a pronunciarse y movilizarse.
“Este tarifazo muestra las consecuencias de un Gobierno nacional que deja avanzar el negocio privado sin poner límites ni proteger a la ciudadanía”, señaló la central. En ese sentido, remarcó que el Estado nacional tiene la responsabilidad de controlar a las concesionarias y frenar los abusos, especialmente en un contexto de salarios deteriorados, despidos y cierre de empresas y comercios.
La organización advirtió que, para quienes atraviesan diariamente la cabina, el gasto puede representar entre el 10 y el 15 % del sueldo, e incluso más, según sus ingresos, el vehículo y la modalidad de pago. “Es inadmisible tener que destinar jornadas enteras de trabajo solamente a costear el traslado”, afirmó.
El comunicado también planteó que el perjuicio se extiende al conjunto de Mercedes: el dinero destinado al peaje reduce la capacidad de compra de las familias y el consumo en los comercios de la ciudad. A su vez, el encarecimiento del transporte presiona sobre los precios y los costos de producción.
En el plano laboral, la CGT cuestionó las desvinculaciones registradas durante el cambio de concesión y la incertidumbre que acompaña la automatización del cobro. Rechazó que la tecnología se utilice para eliminar puestos de trabajo y reclamó capacitación, continuidad laboral y respeto por los derechos adquiridos.
La central ratificó, además, sus reclamos por el deterioro de la ruta, la seguridad vial y las obras pendientes. “Los usuarios cumplimos con el pago; la concesionaria debe cumplir con sus obligaciones y el Estado nacional debe hacerlas cumplir”, sostuvo.
Finalmente, exigió al Gobierno nacional que deje sin efecto el tarifazo y el cobro a las motos, y garantice una solución para quienes utilizan el corredor de manera cotidiana. La CGT convocó a los sectores afectados a expresar públicamente su rechazo y movilizarse, y pidió una intervención urgente de las autoridades competentes.
