La mercedina se refirió a la nueva implementación en la materia dispuesta por el presidente Alberto Fernández junto al Ministerio de las Mujeres del cual forma parte • “Este plan tiene un abordaje integral que vamos a tratar desde todas las carteras” sostuvo.
Las semana pasada, el presidente Alberto Fernández junto a ministra de mujeres de género y diversidad Elizabeth Gómez Alcorta presentaron en la residencia de Olivos un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.
Se trata de una apuesta histórica del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Un plan integral, que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todas para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y personas LGBTI+.
Para su elaboración, se abrió un proceso participativo y federal en distintas instancias: a través de Foros Federales presenciales y virtuales con la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, políticas, comunitarias y sindicales, entre otras. En simultáneo se llevó a cabo foros con actores institucionales de los tres poderes del Estado en sus distintos niveles jurisdiccionales, para poner en debate también aquellas experiencias valiosas que los organismos desearan sumar al nuevo Plan de Acción.
Este nuevo Plan, a diferencia de los anteriores, incorpora los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género y plantea un cambio de paradigma en relación con el abordaje de las violencias por motivos de género.
En este sentido, en medios provinciales la mercedina Josefina Kelly (ex secretaria de seguridad y concejal electa en uso de licencia), que integra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, se refirió a esta iniciativa. “El abordaje cultural y estructural de la problemática es clave porque sabemos que hay cuestiones que vamos a tener que trabajar durante mucho tiempo. Tenemos la ley Micaela y es una herramienta que está en transformación cultural que permite realizar cambio de perspectiva” sostuvo Josefina.
El Plan tiene una duración de dos años (2020-2022) y cuenta con un presupuesto de 18 mil millones de pesos. En lo que va del año y hasta el 30 de junio se registraron 162 femicidios –81 durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-, de acuerdo con el relevamiento de casos publicados en los medios que realiza el Observatorio “Ahora que sí nos ven”: un promedio de un femicidio cada 27 horas.
Además, mencionó que “se tienen que pensar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, que aborde las violencias, que trabaje sobre la prevención y la asistencia. Además este plan tiene un abordaje integral que vamos a tratar desde todas las carteras del estado”.
En cuanto a los recursos destinados a este plan, Kelly manifestó que “la asignación de recursos es lo primero que debe analizar. El estado debe poder brindar políticas de emergencias al igual que herramientas para las personas víctimas de violencia para que puedan tener un estilo de vida autónomo. En ese sentido hay un programa muy importante denominado “AcompañAr” que tiene una mirada integral ante la problemática, con un abordaje y asistencia psicosocial para esa personas que fue víctima de violencia”. La política, se aclara, no será crear más hogares y refugios sino impulsar
acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, a la formación laboral, y a un empleo a quienes estén atravesando situaciones de violencia por razones de género en contextos de vulnerabilidad social, para permitirles desarrollar un proyecto de vida autónomo, libre de violencias. En ese sentido, se garantizarán transferencias monetarias y acompañamiento en el marco de un paradigma de asistencia integral y la posibilidad de sumarse al Programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.
Las cifras de femicidio se han mantenido más o menos estables en los últimos años de acuerdo a los distintos relevamientos que realiza la sociedad civil y la Corte Suprema. Si bien no aumentan exponencialmente, no se logran que bajen. Durante junio, se contabilizaron 21 femicidios, según datos del Observatorio “Ahora que si nos ven”. Siete de cada 10 fueron cometidos por la pareja o ex pareja y ocurrieron en el domicilio de la víctima, una proporción que es histórica. Treinta y tres víctimas habían hecho al menos una denuncia, 11 tenían medidas judiciales. En total, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, desde el 20 de marzo, se registraron 81 femicidios, de acuerdo con la misma fuente.
El registro de la Corte Suprema contó en 2019, 252 femicidios directos, 5 transfemicidios/travesticidiios y 16 femicidios vinculados. En 2018, 255, 4 y 23, respectivamente.
Según informó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Plan fue elaborado teniendo en cuenta los aportes surgidos de una serie de foros, presenciales y virtuales, en los que participaron más de 3400 personas, autoconvocadas, de ONG, y organizaciones sociales, académicas, sindicales, y de los distintos niveles jurisdiccionales, tanto del ejecutivo como legislativo y judicial. Sin embargo, generó malestar en áreas de Mujeres de distintas provincias el hecho de que la cartera que encabeza Gómez Alcorta no las haya consultado una vez que se definieron los lineamientos y las medidas del Plan. En los foros, cada referente provincial tuvo los mismos 3 minutos para exponer su punto de vista que el resto de las participantes. El Plan tampoco se debatió en el marco del Plan Federal de las Mujeres, cuya última reunión fue en marzo.
