El último incremento generó malestar en la ciudadanía • La CGT Regional denuncia un impacto directo de hasta el 15% en los salarios • Desde el radicalismo se amplió la demanda en la Justicia Federal contra Vialidad Nacional por el “abandono” de la traza y piden la suspensión del aumento.
La circulación cotidiana por la Ruta Nacional Nº 5 volvió a convertirse en el epicentro de una profunda tensión política, social y económica para la comunidad de Mercedes y los municipios vecinos. En el transcurso de esta semana comenzó a regir una nueva actualización tarifaria en el corredor vial, con eje en la estación de peaje de Olivera, punto de paso obligado para miles de vecinos que viajan a diario hacia Luján y el Área Metropolitana de Buenos Aires por motivos laborales, educativos o de salud.
El incremento llega acompañado de la confirmación de un nuevo mecanismo contractual que establece actualizaciones trimestrales automáticas. Bajo esta metodología, la tarifa se revisará cada 90 días mediante fórmulas polinómicas vinculadas a costos e inflación, convirtiendo el peaje en un costo fijo que aumentará cuatro veces al año. El impacto ya genera fuerte repudio: desde el Comité de Distrito de la UCR local advirtieron sobre valores que califican como “confiscatorios”, señalando que trasladarse en auto de Mercedes a Jáuregui pasó a costar $8.400, mientras que el paso de un camión con mercadería escaló a $105.200.
Muy lejos del dólar cada 100 kilómetros que había anunciado Carlos Saúl Menem y su ministro Dromi cuando se comenzaron a privatizar las rutas nacionales.
A este escenario se suma una demanda histórica que sigue sin respuesta: la ausencia de un régimen de tarifa diferencial o exención para los residentes de Mercedes, quienes deben afrontar el costo pleno sin contar con alternativas de vías colectoras en condiciones transitables.
Rechazo de la CGT Regional
Frente a la aplicación del aumento, la CGT Regional expresó un categórico rechazo, advirtiendo sobre el impacto directo en la economía familiar y el entramado productivo de la región.
“Este tarifazo muestra las consecuencias de un Gobierno nacional que deja avanzar el negocio privado sin poner límites ni proteger a la ciudadanía”, señaló la central obrera a través de un comunicado.
Desde la organización sindical remarcaron que el Estado nacional tiene la responsabilidad ineludible de controlar a las concesionarias y frenar abusos en un contexto de salarios deteriorados y despidos. Según estimaciones del gremio, el gasto mensual en peajes para un trabajador que viaja a diario puede representar entre el 10% y el 15% del sueldo, e incluso más según el vehículo y la modalidad de pago. “Es inadmisible tener que destinar jornadas enteras de trabajo solamente a costear el traslado”, remarcaron.
Asimismo, la CGT advirtió sobre los efectos colaterales en la economía local:
Caída del consumo: El dinero destinado a la barrera reduce la capacidad de compra de las familias en los comercios mercedinos.
Presión inflacionaria: El encarecimiento del flete se traslada a los precios y costos de producción regional.
Precarización laboral: Cuestionaron las desvinculaciones durante el cambio de concesión y el rechazo a que la automatización del cobro se traduzca en la eliminación de puestos de trabajo.
Ante esta situación, la central exigió dejar sin efecto la suba y la percepción a motocicletas, al tiempo que llamó a los sectores afectados a expresarse públicamente y movilizarse.
Escalada judicial
La respuesta institucional también sumó un capítulo determinante en los tribunales. El concejal mercedino Daniel Ivaldis y Andrea Silvana Lluch, con el patrocinio letrado del doctor Juan Antonio Portesi, presentaron formalmente ante la Justicia Federal una ampliación de la demanda contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La acción judicial surge en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien había asegurado la finalización en tiempo récord de trabajos de recuperación en más de 1.000 kilómetros de rutas bajo el programa Red Federal de Concesiones, incluyendo el tramo Luján-Santa Rosa. Para los demandantes, dichos anuncios constituyen una falsedad frente a la realidad que se vive sobre la calzada.
Para respaldar la presentación, se adjuntó un informe probatorio con relevamientos fotográficos sobre distintos puntos de la traza:
Mercedes – Chivilcoy: Se constataron baches pronunciados en los kilómetros 117, 134, 135, 137, 139, 143, 144 y 146. En el km 114 (Arroyo Los Ranchos), un pozo de gravedad fue tapado precariamente con tierra. Entre los kilómetros 147 y 151, la cinta asfáltica presenta un fresado incompleto que acelera el deterioro del pavimento.
Puentes y banquinas: En sectores como el Arroyo Las Saladas, las barandas y guardarraíles se encuentran tapados por malezas que impiden su visibilidad.
Bragado y 9 de Julio: En Bragado los únicos trabajos visibles corresponden al corte de pasto municipal, mientras que en el km 280 (La Dorita) las tareas se limitaron a un operario desviando el tránsito de forma rudimentaria.
Infraestructura pendiente: Se ratificó la paralización de la proyectada autovía Mercedes-Suipacha, cuya continuidad brilla por su ausencia en el presupuesto 2027.
El petitorio presentado
Frente al deterioro comprobado y los incrementos tarifarios, la ampliación de la demanda radicada en la justicia federal solicita formalmente tres medidas urgentes:
Incorporación de pruebas: Admisión formal de las actas, fotografías y relevamientos territoriales que documentan las deficiencias de la calzada.
Inspecciones oculares urgentes: Que la Justicia disponga inspecciones sobre la traza —con habilitación de días y horas inhábiles— para constatar de primera mano el estado de abandono.
Medida Cautelar de suspensión: Que se ordene el freno inmediato al aumento del peaje y la paralización en la instalación de nuevas casillas de cobro hasta tanto la concesionaria ejecute íntegramente las obras de repavimentación y seguridad vial conforme a las reglas del arte.
