Los abogados bonaerenses emitieron un comunicado tras el análisis del DNU y la Ley Ómnibus • Con pros y contras, buscan que los legisladores tengan en cuenta los alcances de la norma a la hora de votar.
A poco más de un mes de la asunción de Javier Milei a la presidencia de la nación y con la promulgación de un polémicos DNU al igual que el tratamiento de la Ley Ómnibus en el congreso, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado al respecto.
En principio, se destaca “que tengan en consideración nuestras críticas constructivas; y al mismo tiempo conozcan nuestro cuestionamiento profundo con el uso excesivo de los DNU, que se consuma en este caso con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que tenemos el deber de no convalidar”.
Argumentando el punto, los abogados bonaerenses manifiestan que “debe rechazarse el uso
recurrente a esta herramienta, y por sobre todo rechazar contundentemente la validez constitucional de la ley 26.122 dictada por el Congreso Nacional, en tanto no hace más que deformar la cláusula constitucional del artículo 99 inc 3, violentando así la división de poderes, piedra angular del sistema republicano de gobierno consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional”.
No obstante, más allá de la cuestión legal del DNU mencionado, el Colegio de Abogados tampoco pasa por alto las implicancias y alcances de la norma que busca aprobar el gobierno nacional.
En ese sentido, manifiestan que “introduce modificaciones sustanciales en las relaciones civiles, comerciales y laborales de los ciudadanos, retrocediendo en materia de géneros y diversidad y generando cambios en la legislación penal, administrativa y del sistema electoral que rige nuestro actual ordenamiento jurídico, que sometido a consideración así de forma intempestiva y con casi nula recepción a introducir modificaciones”.
Al respecto de ello, sostienen que este paquete de reformas que contiene el mencionado DNU, “algunas serán impracticables”, otras “traerán un resultado negativo e inclusive distinto a la finalidad proclamada que supuestamente se busca”, y sobretodo “pueden derivar directamente en cuestionamientos de orden constitucional, ya sea por parte de los ciudadanos en forma individual, o por ponerse en juego derechos colectivos que se vean afectados”.
“Son varios los aspectos, que después de un acabado y profundo estudio, debemos destacar para que sea comprendida la magnitud de la reforma que quiere implementarse y cómo afectará los derechos de los ciudadanos en su totalidad. Es por ello que les solicitamos a los Sres. legisladores tengan a bien tener en cuenta nuestra opinión al momento de decidir acerca de la viabilidad de algunas de las reformas que se pretenden introducir de este modo intempestivo que cuestionamos ya de por sí en cuanto a su forma. Y así, consecuentemente, valorar la inconveniencia de las reformas, algunas con eminente sentido práctico, y otras, en tanto que el contenido propuesto en sus distintas temáticas se contrapone a los principios constitucionales y convencionales” agregaron desde el Colegio de abogados de la Provincia de Buenos Aires para luego detallar algunos puntos específicos a tener en cuenta ante la magnitud de normas que busca modificar el gobierno nacional con esta medida.
Conclusiones
A modo de cierre, los abogados bonaerenses llamaron a la reflexión a los legisladores “para que en todo caso se puedan analizar las reformas con el tiempo necesario de estudio, búsqueda de antecedentes y datos que justifiquen los posibles cambios en cada materia, extremando los recaudos para lograr el consenso necesario y así lograr calar en la conciencia social y colectiva, logrando el fin buscado sin cuestionamientos y, garantizando la armonía y coherencia del ordenamiento jurídico”.
Si bien expresaron que “puede ser que algunas reformas puedan resultar necesarias en distintas materias”, lo cierto es que también manifestaron sus dudas respecto de “modificar un cuerpo normativo como el Código Civil y Comercial, en aspectos troncales del mismo, además de quedar en evidencia que no se acredita la necesidad y urgencia, es imperioso que una reforma de tal magnitud sea fruto, no sólo de debate en el seno del Congreso, sino también que cuente con un espacio sólido de debate en el ámbito científico y académico de la Ciencia y la filosofía Jurídica”. “En materia de géneros y diversidades, así como también en materia de salud mental y otras que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, no cabe más que alertar sobre el significativo retroceso que imponen algunas modificaciones propuestas, y que traerán aparejados, de ser aprobadas, francas violaciones al sistema constitucional-convencional, desvirtuando las acciones positivas que tan necesarias son esos sectores de la sociedad” agregaron.
Por último, manifestaron que “cabe llamar a la reflexión a los legisladores para evitar que a través de las delegaciones legislativas se desnaturalice la división de poderes, de modo tal que las delegaciones sean lo más acotadas posibles en su contenido y plazo. Y, por último, cabe destacar que el mejor resultado será sin dudas el que mayor consenso tenga, pero que aun cuando el resultado sea fruto de la obtención de la mayoría necesaria para el dictado de una reforma legislativa, no debe perderse de vista que, cualquiera sea la materia que se legisle, siempre que se reglamenten derechos y garantías individuales o colectivas, toda reforma debe superar el test de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional”.
