Un mapeo realizado por organizaciones sostiene que el 95% de los establecimientos educativos públicos pueden considerarse haber sido rociados • Cuestionan la ausencia de controles de los tres poderes del estado.
Un trabajo confeccionado por distintas organizaciones, denuncia el incumplimiento sistemático de la ordenanza que prohíbe la pulverizaciones con agro tóxicos a cien metros de los establecimientos rurales y 500 de los establecimientos urbanos.
“El trabajo de mapeo realizado en Mercedes implicó la labor mancomunada entre vecinos/as, distintas Cátedras del ISFDyT N°7 (docentes y estudiantes de las carreras Profesorado de Geografía y Tecnicatura en Gestión Ambiental y Salud),organizaciones sociales (SOS Hábitat, Asamblea Mercedina por la Agroecología, Tribuna Ambiental y la Multisectorial contra el agronegocio La 41), trabajadores/as de la educación de diversas escuelas de la comunidad e integrantes del Proyecto de Extensión”, explicaron
“El trabajo supuso una mutua aproximación y reconocimiento, que progresivamente fue haciendo posible comprender el rol sustantivo de la comunidad en los procesos de producción de conocimiento y en la construcción de alternativas para los problemas que se toman. El enfoque que se abordó es el de la Investigación- Acción Participativa (IAP) que implica el hecho de que el conocimiento se construye colectivamente y es necesariamente plural. Es, por tanto, un proceso siempre provisorio e inacabado de co-producción”.
Según se informó el proceso de armado del mapeo tuvo 6 momentos: “En un primer momento, se realizaron instancias abiertas de co-formación e intercambio, en el que se mostraron las experiencias de mapeo en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, se socializó la problemática de las fumigaciones en el Municipio de Mercedes y se ancló la problemática histórica y territorialmente. Este proceso implicó la realización de varios encuentros”, puntualizaron.
“Seguidamente se centró el trabajo en la realización del mapeo en formato papel, para lo cual se recolectó información y se generó una indagación exploratoria para la visualización de las escuelas, y se pusieron en común los criterios a considerar para la definición de escuelas fumigadas”, continuaron.
“En un tercer momento, se realizaron visitas a las escuelas ubicadas de manera descentralizada, con el objeto de recabar información y fotografiar los alrededores de las escuelas” explicaron. Y se llegó a la cuarta etapa: “se registró la información recopilada en un sistema de geo- referencia, se analizó la información recopilada y se esgrimieron algunas conclusiones colectivas”.
“El quinto momento consistió en el perfeccionamiento del Protocolo de actuación ante casos de fumigaciones con agrotóxicos en las inmediaciones de las instituciones educativas, adaptándolo a la normativa local y finalmente, se comparten los resultados en espacios abiertos a la comunidad”.
De acuerdo a ese trabajo, se estableció que de las 85 instituciones educativas públicas de Mercedes “más del 95% de las mismas pueden ser consideradas fumigadas con agrotóxicos vía pulverización terrestre” quedando el resto en revisión.
“Este alto porcentaje nos deja en claro que no sólo hablamos de escuelas rurales, sino también de la gran mayoría de las instituciones educativas ubicadas en el ejido urbano, consecuencia de la deriva de agrotóxicos”, puntualiza el informe.
“Volviendo a las escuelas rurales, debemos destacar que las instituciones educativas situadas en zona rural son 43, representando el 51% del total. Un cuarto de estas 43 son fumigadas con agrotóxicos a pocos metros de sus perímetros. Se pulveriza sobre las comunidades educativas sin respetar siquiera la mínima restricción de protección de 100 metros” y enumera los casos de la EP N°26 y JIRIM, EP N°16 y JIRIM, EP N°29 y JIRIM, EP N°14 y Jardín, EP N°23 y JIRIM, y la EP N°32.
El informe puntualiza que “tampoco se respeta dicha restricción para los caminos vecinales y reales, afectando aquí también a las comunidades educativas en su traslado hacia y desde las escuelas. Y no podemos soslayar que este modus operandi del empresariado rural en el marco del Modelo Biotecnológico Agrario también impacta negativamente en los cursos de agua, los cuáles también deberían contar con la protección del Estado”.
De acuerdo al estudio “esta situación es consecuencia de la implementación del Modelo Biotecnológico Agrario, afectando la salud ambiental en general y de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos/as en particular, tanto en los ámbitos educativos como en las cercanías de los mismos, ya que, como dijimos, hasta las zonas céntricas de la ciudad de Mercedes se encuentran afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos. Este escenario sólo puede ser realidad por el accionar de los tres poderes del Estado en todas sus escalas ya que hoy no existen normativas de protección de escuelas a nivel país ni provincial y son muy permisivas a nivel municipal en cuanto a limitar/prohibir la fumigación terrestre a las escuelas, por un lado, y ni siquiera se cumplen las actualmente existentes, por el otro”, enfatizan.
