Tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la supuesta reparación de más de 1.000 kilómetros de rutas, el concejal mercedino y el patrocinio legal ampliaron la acción judicial en la justicia federal. En la presentación se detallan baches sin arreglar entre Mercedes y Chivilcoy, se cuestiona el impacto del tarifazo en las cabinas y se solicita una medida cautelar urgente para frenar los incrementos.
La tensión judicial y política en torno al estado de la Ruta Nacional N.º 5 sumó un nuevo y drástico capítulo en las últimas horas. El concejal Daniel Armando Ivaldis y Andrea Silvana Lluch, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Antonio Portesi, presentaron formalmente ante la Justicia Federal una ampliación de la demanda contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), acompañada de un contundente informe probatorio que desmiente los anuncios oficiales del Gobierno nacional sobre la finalización de obras en el corredor.
La presentación se originó a partir de las recientes declaraciones públicas del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien había confirmado la culminación de los trabajos de recuperación en más de 1.000 kilómetros de trazas nacionales bajo el programa Red Federal de Concesiones, asegurando que se habían optimizado los tramos entre Luján y Santa Rosa en un tiempo récord de tres meses. Para los promotores de la acción judicial, los dichos del titular del Palacio de Hacienda constituyen no solo una falsedad monumental, sino una falta de respeto a la jurisdicción, al pretender dar por finalizadas obras de repavimentación y bacheo que, en los hechos concretos, no existen o presentan deficiencias alarmantes.
Un relevamiento tramo por tramo que expone el abandono de la traza
Para respaldar este planteo, se incorporó un detallado relevamiento realizado sobre la traza que expone crudamente el estado real de la calzada. En el tramo comprendido entre Mercedes y Chivilcoy se constataron innumerables sectores deteriorados, destacando que en el kilómetro 114, a la altura del Arroyo Los Ranchos, un peligroso pozo fue tapado precariamente con tierra y disimulado con un riego mínimo. Asimismo, se detectaron baches pronunciados en los kilómetros 117, 134, 135, 137, 139, 143, 144 y 146. El informe detalla además que en los kilómetros 147 al 151 la cinta asfáltica se encuentra sumamente castigada por un fresado incompleto que acelera la rotura del pavimento, mientras que en zonas de banquinas y puentes como el Arroyo Las Saladas, las barandas y los guardarraíles están completamente cubiertos de pasto alto que impide divisar las estructuras.
La situación se repite en otras localidades de la región. En Bragado no se ejecutaron obras de reparación estructural y los únicos trabajos visibles corresponden a un corte de pasto gestionado por la propia intendencia local, al tiempo que en 9 de Julio la ruta continúa en idénticas condiciones y en sectores críticos como el kilómetro 280, conocido como La Dorita, las tareas se reducen a un operario banderillero desviando el tránsito de forma rudimentaria. Desde la parte actora señalaron que en múltiples sectores se aplicó únicamente un fresado superficial sin colocar la capa de rodamiento final, poniendo en constante riesgo la vida y los bienes de la población. Del mismo modo, advirtieron que la proyectada autovía Mercedes-Suipacha con financiamiento internacional brilla por su ausencia en el presupuesto 2027.
Tarifazos sin contraprestación y el impacto en el bolsillo vecinal
La ampliación de la demanda también apunta de lleno contra el reciente incremento en las tarifas de los peajes y la implementación de un esquema de actualización desmedido que golpea de forma directa a la economía regional, sin que ello se traduzca en mejoras de infraestructura. En el escrito judicial se remarca la incoherencia de encarecer el tránsito en una ruta deteriorada y sin las condiciones adecuadas de seguridad.
A nivel local, el impacto se hizo sentir con crudeza cuando desde el Comité de Distrito de la UCR de Mercedes advirtieron sobre los valores confiscatorios que pagan los automovilistas y transportistas cotidianos, señalando que trasladarse desde Mercedes hasta Jáuregui pasó a costar 8.400 pesos, mientras que ingresar mercadería en camión trepó a la insostenible cifra de 105.200 pesos, desatando el repudio generalizado de distintos sectores comunitarios.
El petitorio judicial: inspecciones oculares y freno a los aumentos
Ante este escenario de presuntas omisiones y falsedades administrativas, el planteo elevado ante la Justicia Federal contiene un petitorio central compuesto por tres puntos fundamentales. En primer lugar, se solicita que se tenga por ampliada la demanda con la incorporación de todas las pruebas documentales y fotográficas recolectadas. En segundo lugar, se pide que se disponga de manera urgente la realización de inspecciones oculares con habilitación de días y horas inhábiles para constatar el verdadero estado de abandono de la traza. Finalmente, se requiere que se dicte una nueva medida cautelar que ordene la suspensión inmediata del aumento de peaje autorizado por la concesionaria, así como la paralización de la instalación de nuevas casillas de cobro, hasta tanto se ejecuten íntegramente las obras necesarias para garantizar una transitabilidad segura conforme a las reglas del arte.
