La legisladora nacional celebró en sus redes sociales la supuesta continuidad de la normativa que limita la venta de campos a extranjeros, atribuyendo el resultado a las protestas y a una campaña con la Selección • Sin embargo, juristas y especialistas confirmaron que, tras una resolución del máximo tribunal, rige la derogación establecida en el DNU 70/2023.
La diputada nacional Vanesa Siley generó controversia en el ámbito político y legislativo al asegurar públicamente que la Ley de Tierras continúa con plena vigencia jurídica. A través de una publicación en sus redes sociales, la legisladora sostuvo: “Objetivo cumplido: gracias a la movilización del 6 de agosto y la bandera de la Selección Argentina, la Ley de Tierras sigue vigente”.
Sin embargo, los alcances de su afirmación contrastan de manera directa con la situación legal actual del país. Tras una reciente resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, volvió a cobrar plena vigencia el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, norma que había dispuesto formalmente la derogación de la Ley 26.737 y los límites estrictos que esta imponía sobre la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
El alcance técnico del fallo judicial
La discrepancia entre la postura de la diputada y el escenario institucional radica en el contenido técnico de la decisión adoptada por el máximo tribunal. Los especialistas en derecho administrativo y constitucional aclararon que la Corte Suprema no se expidió sobre la cuestión de fondo ni analizó la constitucionalidad de la derogación de la ley.
En su lugar, el tribunal resolvió revocar una sentencia dictada en instancias anteriores bajo el argumento formal de que la organización demandante carecía de legitimación procesal para iniciar la acción judicial. Como consecuencia de este rechazo por cuestiones de forma, el efecto jurídico directo fue el restablecimiento de la vigencia del apartado del DNU presidencial. Por lo tanto, la afirmación de que la normativa restrictiva se mantiene en pie difiere por completo del estado legal actual que regula la compraventa de tierras rurales en territorio nacional.
