El organismo reafirmó su compromiso con la Ley 26.657 y advirtió que las dificultades actuales responden a problemas estructurales y no al marco normativo vigente.
En el marco del debate nacional sobre las políticas públicas de salud mental, el Órgano de Revisión de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado en el que fijó postura frente a los proyectos de reforma de la Ley 26.657. El organismo sostuvo que la normativa vigente constituye un marco adecuado y que los problemas actuales derivan de la falta de recursos, la fragmentación del sistema sanitario y el aumento de las demandas sociales.
Desde su práctica cotidiana de monitoreo y promoción de derechos, el Órgano de Revisión advirtió que las propuestas de modificación parten de diagnósticos “simplificados o equívocos” y podrían traducirse en un retroceso del paradigma de derechos, debilitando el proceso de desmanicomialización y las garantías de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
El comunicado también alertó sobre el riesgo de que las reformas impliquen un debilitamiento de los mecanismos institucionales de control, en particular de los propios órganos de revisión. En contraposición, planteó que el camino para abordar las problemáticas actuales requiere:
- Fortalecer el sistema público de salud mental, ampliando y formando equipos interdisciplinarios para garantizar continuidad de cuidados.
- Invertir en infraestructura y dispositivos comunitarios, promoviendo abordajes territoriales accesibles e integrales.
- Consolidar estrategias intersectoriales, articulando políticas públicas que atiendan los determinantes sociales de la salud mental.
- Generar espacios de trabajo y discusión, capaces de construir respuestas acordes a la complejidad del escenario actual.
Finalmente, el organismo reafirmó su disposición al trabajo articulado para contribuir a políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud mental y garanticen el respeto de los derechos humanos, en lugar de implicar retrocesos.
