La demanda fue interpuesta por el concejal mercedino Daniel Ivaldis y la productora agropecuaria pehuajense Andrea Lluch • El escrito solicita la recomposición total de la capa asfáltica en el tramo que une Mercedes con Santa Rosa, la continuidad de las obras de la autovía y una medida cautelar urgente ante el crítico estado de la traza, históricamente denominada la “ruta de la muerte”.
Ante el marcado deterioro y la falta de mantenimiento sistemático, se interpuso una acción expedita de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 16.986 dirigida contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La presentación judicial fue impulsada por el concejal Daniel Ivaldis, y por la productora agropecuaria y referente política de Pehuajó, Andrea Lluch, bajo el patrocinio letrado del doctor Juan Antonio Portesi.
El planteo judicial exige que se condene al organismo nacional a la inmediata y urgente reparación integral de la Ruta Nacional N.º 5 en todo el trayecto correspondiente a la provincia de Buenos Aires entre Mercedes y Santa Rosa. Asimismo, demanda que se retomen las obras de la autovía en el tramo ya licitado y abierto entre Mercedes y Suipacha, y que se extiendan los trabajos hacia el oeste con las obras complementarias necesarias para garantizar la libre circulación y la seguridad vial.
Reclamo por seguridad y cuestionamiento a los peajes
En el escrito se advierte sobre la gravedad institucional de anunciar nuevas estaciones de peaje bajo la premisa de concesionar el mantenimiento, calificando la medida como una “grosera e injustificada burla” hacia los usuarios. A esto se suma el reclamo por la cartelería instalada desde hace aproximadamente una década que anuncia tramos de autovía inconclusos durante sucesivas administraciones nacionales.
Los demandantes fundamentan su legitimación tanto en su condición de usuarios permanentes de la vía como en la representación de los intereses colectivos de los vecinos de la región. Al respecto, Ivaldis remarcó su rol institucional en la defensa de los mercedinos que transitan diariamente hacia los servicios judiciales, educativos, de salud y eclesiásticos radicados en el distrito, además de visibilizar la problemática de los habitantes de Mercedes, incluyendo la comunidad rural de Gándara y el tránsito escolar vinculado a establecimientos de la zona.
Una arteria colapsada y de alto riesgo
La demanda califica a la traza como la “ruta de la muerte”, argumentando que fue diseñada hace décadas para un parque automotor infinitamente menor y en un contexto donde el transporte de cargas se realizaba por ferrocarril. Actualmente, la situación se ha visto agravada por el paso estimado de unos 2.000 camiones diarios de gran porte que transportan arena destinada al fracking desde Entre Ríos hacia los yacimientos andino-patagónicos, colapsando una estructura vial obsoleta.
Entre los daños denunciados se detallan baches profundos, calzada agrietada, banquinas descalzadas con presencia de maleza, señalización deficiente e iluminación y defensas faltantes. Todo ello —sostiene el amparo— vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, tales como la vida, la salud, la propiedad, el trabajo, la educación y la seguridad vial, generando además costos altísimos para municipios y cuerpos de bomberos voluntarios que deben asistir de manera constante los siniestros viales.
Medida cautelar y destino de los fondos
Ante la inminencia del peligro y la presunta inacción sistemática de la DNV, los actores solicitaron como medida cautelar la inmediata ejecución de obras de reparación en los sectores críticos. Asimismo, cuestionaron el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles líquidos —afectados específicamente al mantenimiento vial— y plantearon interrogantes sobre el cumplimiento de las normas presupuestarias ante la absorción de fondos fiduciarios dispuesta por la normativa nacional vigente.
En tanto, los demandantes detallaron los fundamentos de la medida precautoria para exigir arreglos inmediatos en los tramos más críticos. La estrategia legal incluye inspecciones oculares, pruebas periciales de ingeniería e informes a empresas concesionarias ante el inminente incremento del tránsito por la cosecha gruesa y la temporada estival.
El escrito aclara que la norma no busca resolver el fondo del litigio —que reclama la ejecución total de la autovía y la reparación integral de la capa asfáltica—, sino mitigar de forma inmediata el peligro constante en los sectores calificados de mayor riesgo.
Los demandantes solicitaron que el Tribunal ordene a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tres acciones concretas de carácter provisional y urgente:
Urgente señalización: Advertir de manera clara y visible sobre el estado calamitoso de la calzada en los tramos más deteriorados.
Desvíos seguros: Implementar esquemas de circulación alternativa para evitar siniestros viales y daños a los vehículos en las zonas intransitables.
Bacheo de emergencia: Ejecutar tareas inmediatas de relleno y reparación sobre los baches de gran profundidad (“cráteres”) que ponen en riesgo directo a los conductores.
La causa quedó radicada en el ámbito de la Justicia Federal, desde donde se evaluarán los requerimientos de urgente intervención para salvaguardar la integridad de los miles de vecinos, trabajadores y transportistas que transitan a diario por la crítica arteria de la región.
