La Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos expresó su rechazo al beneficio otorgado al Raúl Guglielminetti, condenado por delitos de lesa humanidad • Unión por la Patria presentó un proyecto de adhesión al comunicado, aprobado por mayoría.
En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Mercedes, se debatió un tema que generó fuertes posicionamientos políticos y sociales: la prisión domiciliaria otorgada al ex agente del Batallón 601, Raúl Guglielminetti, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El beneficio, dictado por el Tribunal Oral Federal N°6, se cumplirá en la ciudad de Mercedes, lo que motivó el repudio de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados de la ciudad.
El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de adhesión al comunicado emitido por la Comisión, que fue leído en el recinto por su presidente, Lucila Villoslada. “Otorgar beneficios a un genocida no es justicia, es una herida a la democracia”, expresó el documento, que exige que los condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan sus penas en cárceles comunes. Villoslada remarcó que “el consenso social de memoria, verdad y justicia no puede ser pisoteado” y cuestionó la decisión judicial, que contradice fallos previos y no se sustenta en razones de salud.
El proyecto fue acompañado por el bloque de la Unión Cívica Radical, cuyo presidente, Daniel Ivaldis, recordó el rol siniestro de Guglielminetti en tareas de inteligencia y represión desde los años 70, y su posterior aparición en democracia como parte de la custodia presidencial. “Nos sumamos al sentimiento de los familiares y de gran parte de la sociedad”, afirmó.
Sin embargo, el repudio no fue unánime. Los bloques de La Libertad Avanza y La Libertad Avanza Mercedes, junto con el concejal Martín Bossi de la Coalición Cívica, decidieron no acompañar el proyecto. Silvia Di Leo argumentó que “hay que respetar los fallos de la justicia, aunque no nos gusten”, mientras que Marcela Munarriz defendió la decisión judicial como parte del procedimiento legal vigente. Bossi, por su parte, consideró que “la prisión domiciliaria está contemplada en el Código Penal y no corresponde repudiarla”.
El cierre del debate estuvo a cargo de Villoslada, quien reafirmó el compromiso con los organismos de derechos humanos y lamentó la falta de acompañamiento. “Sabemos que nada va a cambiar esta decisión, pero seguir exigiendo cárcel común para los genocidas es parte de una lucha histórica que no vamos a abandonar”, concluyó.
