Quieren compactar las motos que circulen con caños de escape adulterados
El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó en la legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen en motos con caños de escape adulterados, libres o no homologados. La propuesta pretende combatir –lo que entiende- es una de las principales fuentes de ruidos molestos en la provincia. De aprobarse la normativa se podría llegar a compactar los vehículos en infracción, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.
El legislador explicó que el proyecto busca darle respuesta a un reclamo en alza: la proliferación de escapes libres y modificados, que generan contaminación sonora en centros urbanos.
“Buscamos combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos”, explicó Passaglila quien antes de ser legislador ocupo el cargo de intendente de San Nicolás de los Arroyos.
En el articulado de la norma se proponer la prohibición no solo de la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también de toda la cadena de fabricación, comercialización, distribución, instalación y colocación de estos dispositivos. De aprobarse esta norma se crearía un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el objetivo de trazar y fiscalizar el destino de estos componentes.
Procedimiento
El proyecto establece que ante la constatación de una infracción, la autoridad de aplicación podrá disponer el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, así como la retención de la licencia de conducir. Si la gravedad de la conducta lo amerita —por ejemplo, cuando se circule con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, cercanías a escuelas, hospitales o eventos públicos— el juez “administrativo” podrá ordenar la compactación del vehículo, incluso sin necesidad de reincidencia previa. La norma no lo indica, pero es evidente que sería competencia del juez de faltas de cada municipio.
Para Passaglia, el objetivo es claro: “No solo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación de la moto”.
Además se establecen multas que van de 300 a 1.000 unidades fijas para los usuarios y de 1.500 a 5.000 unidades fijas para quienes fabriquen, vendan o instalen escapes no homologados. A
También contempla la inhabilitación para conducir de 3 meses a 1 año y, para los comercios infractores, la clausura preventiva, temporaria o definitiva en caso de reincidencia grave.
El proyecto incorpora garantías de debido proceso: todo infractor tendrá derecho a un descargo, resolución fundada y revisión administrativa y judicial. Además, invita a los municipios bonaerenses a adherir y dictar normas complementarias dentro de sus competencias.
El texto legal fundamenta la medida en la protección de la salud pública y el ambiente, la preservación de la tranquilidad y la convivencia urbana, y el fortalecimiento de la fiscalización estatal. “El ruido excesivo constituye una forma de contaminación ambiental que el Estado tiene el deber de prevenir y controlar”, se señala en los fundamentos del proyecto.
La propuesta será debatida en comisiones y, de avanzar, modificará el actual esquema normativo provincial, que se limita a la imposición de multas y no contempla la compactación de vehículos como sanción. La expectativa es que la medida logre un cambio de conducta en los usuarios y un mayor control sobre el mercado de escapes ilegales, contribuyendo a una mejor calidad de vida en las ciudades bonaerenses.
