La diputada nacional advirtió que el DNU 941/2025 vulnera consensos democráticos y habilita prácticas contrarias al Estado de Derecho.
La reforma del Sistema de Inteligencia del Estado, impulsada por el gobierno nacional mediante el DNU 941/2025, abrió un nuevo frente de conflicto en el Congreso. La diputada nacional Sabrina Selva, referente del Frente Patria, lanzó duras críticas contra la medida y la calificó como un quiebre en las reglas democráticas que rigen desde el retorno institucional de 1983.
En declaraciones radiales, Selva sostuvo que el decreto no constituye un ajuste técnico, sino un cambio estructural que altera la relación entre los poderes del Estado. Según la legisladora, la decisión del Ejecutivo es inconstitucional porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Parlamento.
Un decreto en el centro de la polémica
La diputada remarcó que el gobierno firmó el DNU al mismo tiempo que convocaba a sesiones extraordinarias, lo que, a su entender, invalida los criterios de “necesidad y urgencia” exigidos por la Constitución. “No se trata de un trámite administrativo, sino de un avance sobre facultades que son propias del Congreso”, señaló.
Entre los aspectos más críticos de la norma, Selva enumeró tres puntos centrales:
- Facultades de detención: el decreto habilita que agentes de inteligencia puedan detener personas sin orden judicial, lo que contradice principios básicos del Estado de Derecho.
- Falta de transparencia: la reforma convierte el secreto en regla, reduciendo la trazabilidad y debilitando los mecanismos de control institucional.
- Omisiones normativas: no se especifican con claridad los contextos en los que los agentes pueden actuar, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
Reacción opositora y camino legislativo
La bancada opositora, acompañando la postura de Selva, solicitó a los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, la conformación urgente de las comisiones bicamerales de Control de los DNU y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. El objetivo es garantizar un debate institucional que permita revisar el alcance de la medida.
La diputada adelantó que, una vez vencidos los plazos legales, el Congreso estará habilitado para tratar el rechazo del decreto directamente en el recinto durante el mes de febrero. Ese escenario anticipa una batalla parlamentaria que pondrá en discusión no solo el futuro del sistema de inteligencia, sino también los límites del poder presidencial en el uso de los decretos de necesidad y urgencia.
Un debate que toca fibras democráticas
Las declaraciones de Selva reavivan un debate sensible: el equilibrio entre seguridad e institucionalidad. Para la legisladora, blindar los consensos democráticos alcanzados en las últimas cuatro décadas es una prioridad frente a medidas que, según su visión, ponen en riesgo derechos fundamentales.
