La Asociación de Maestrxs reclama una recomposición salarial urgente y denuncia el estancamiento de las negociaciones con el Gobierno provincial.
La tensión entre el sector docente y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se profundiza a pocas semanas del inicio del ciclo escolar. La Asociación de Maestrxs lanzó un comunicado en el que advierte que, de no concretarse una mejora salarial inmediata, las clases previstas para marzo podrían no comenzar con normalidad.
El reclamo se enmarca en una negociación paritaria que permanece sin avances desde noviembre de 2025, cuando las conversaciones se interrumpieron a la espera de la aprobación del presupuesto y el endeudamiento provincial. Según el gremio, esos compromisos no se tradujeron en incrementos reales en los ingresos de los trabajadores de la educación.
Sueldos insuficientes frente al costo de vida
El sindicato, encabezado por Claudio Vigne, sostiene que los salarios actuales están muy lejos de cubrir las necesidades básicas. De acuerdo con su diagnóstico:
Un maestro de grado o de nivel inicial percibe un sueldo neto cercano a $713.000, con un básico de $291.215.
En el caso de los profesores, los ingresos iniciales rondan los $463.500.
Estas cifras, remarcan, se ubican muy por debajo del costo de vida real y colocan a gran parte del sector “por debajo de la línea de pobreza”.
Los puntos centrales del pliego de reclamos
La Asociación de Maestrxs presentó un documento con exigencias concretas:
Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de $1.980.000 por cargo.
Cláusula gatillo automática para actualizar los haberes según la inflación.
Denuncia por la falta de implementación de la “cláusula de monitoreo” acordada en 2025, que debía garantizar el seguimiento del poder adquisitivo y nunca se aplicó.
Riesgo de conflicto al inicio de clases
El gremio insiste en que, sin respuestas significativas en las mesas de negociación, el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido. La advertencia busca presionar al Gobierno provincial para que convoque a una nueva instancia de diálogo y presente una propuesta que contemple la realidad económica de los docentes.
La situación expone un escenario complejo: mientras los sindicatos reclaman medidas urgentes para evitar que los trabajadores de la educación sigan perdiendo poder adquisitivo, el Ejecutivo provincial enfrenta restricciones presupuestarias que dificultan la posibilidad de otorgar aumentos de la magnitud solicitada.
Un conflicto con impacto social
El posible retraso en el comienzo de las clases no solo afecta a los docentes, sino también a miles de familias bonaerenses que dependen del sistema público de educación. La advertencia sindical pone en evidencia la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice tanto la dignidad salarial de los trabajadores como la continuidad del servicio educativo.
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