Este miércoles, representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante de Mercedes participaron en una comisión ampliada de Seguridad para profundizar en los detalles de la denuncia penal presentada por el municipio en relación con la presunta comercialización ilegal de licencias de conducir.
La reunión fue impulsada mediante un proyecto de la concejala Débora Lacasa (UCR) y contó con la asistencia del secretario de Seguridad, Matías Maresca, junto a funcionarios municipales de diversas áreas.
La concejala Andrea Bozzini (Unión por la Patria) señaló que el encuentro tuvo como finalidad conocer el avance de la investigación judicial y administrativa que se inició tras una denuncia pública. Destacó además que fue el propio Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Seguridad, quien promovió la acción legal, subrayando la importancia de esclarecer el caso.
El escándalo salió a la luz el pasado 23 de abril, cuando el municipio confirmó la separación de tres empleados de la Secretaría de Seguridad, sospechados de estar involucrados en un esquema que permitía la emisión de licencias sin la realización de los exámenes reglamentarios. Dos de los implicados fueron aprehendidos por orden judicial en el marco de una investigación llevada adelante por la UFI Nº 3.
La causa se originó a partir de la declaración de un vecino, quien denunció que se le ofreció obtener su licencia sin rendir las pruebas teórica ni práctica a cambio de una suma de dinero. En respuesta, la Justicia desplegó un operativo en el que logró la detención en flagrancia de un presunto intermediario ajeno a la administración municipal.
Mientras la investigación sigue su curso, el municipio ha iniciado sumarios administrativos para determinar responsabilidades internas y ha instado a la comunidad a colaborar aportando información relevante ante la Fiscalía, ubicada en calles 26 y 37.
