El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y 20 intendentes firmaron una presentación judicial contra el Gobierno Nacional por el abandono de las rutas nacionales. La actividad tuvo lugar este miércoles en la Plaza Belgrano de la localidad de Luján y la demanda se centra en el “desvío de fondos” y el deterioro de las rutas y sus consecuencias sobre el desarrollo productivo y la vida de las personas que transitan en ellas.
Según denuncia el gobierno de Axel Kicillof, la Administración Nacional recauda fondos a través de distintos impuestos destinados a obras públicas.
Entre ellos, el mantenimiento de los 40.000 km de rutas nacionales se financian por ley a través de impuestos nacional. Según advierten, durante el 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles. También afirman que se quedó con $1 billón surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura.
En ese lapso, las naftas se encarecieron más del 250% como consecuencia del aumento en el Impuesto a los Combustibles. Así el Estado recaudó más de $ 2,5 billones a través de esta tasa durante 2024, con una variación interanual de 378%, casi 4 veces más que en 2023.
Según establece la Ley 23.966, el Gobierno Nacional está obligado a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte.
A su vez, el 50% de ese fondo corresponde ser asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), a los fines de financiar específicamente las obras de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por otro lado, durante 2024 el Impuesto PAIS recaudó unos $6,27 billones: un 315,3% más respecto del 2023 El 28,2% de lo recaudado debía destinarse a Obras Públicas para infraestructura. Desde diciembre de 2024, Vialidad debió recibir $2,08 billones, pero ejecutó $38,77 mil millones (el 2%).
De acuerdo a estos datos, la inversión de Vialidad Nacional cayó 85,9% durante 2024 siendo Buenos Aires la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.
En los últimos meses, intendentes bonaerenses decidieron intervenir ante los riesgos para la seguridad que provocan la falta de mantenimiento de las rutas nacionales.
Tras incesantes reclamos a Vialidad Nacional y a la empresa estatal Corredores Viales que no surtieron efecto, optaron por cortar el pasto en algunas rotondas.
En los últimos días, se sumaron vecinos y productores rurales. Los dueños de una estancia en General Villegas decidieron hacerse cargo del mantenimiento de las banquinas en la Ruta 33.
En Mercedes, un grupo de vecinos se organizaron y presentaron el reclamo a la Defensoría Nacional el reclamo ante el estado de la Ruta Nacional 5.
