La decisión fue tomada por el juzgado federal de la ciudad de Pehuajó a partir de una acción colectiva que impulsaron los vecinos de 37 barrios de toda la Argentina • En Mercedes, los trabajos abandonados por una medida del presidente Javier Milei se desarrollaban en barrios como Marchetti, Redes y Soldado Balvidares.
Las obras para mejorar la infraestructura e integración urbana de distintas zonas de Mercedes, que estaban paralizadas por una decisión política del gobierno nacional, deberán reanudarse junto con las de otros 36 barrios de todo el país, según ordenó la Justicia Federal.
La decisión fue tomada por el juzgado federal de la ciudad de Pehuajó a partir de una acción colectiva que impulsaron los vecinos de 37 barrios de toda la Argentina con el apoyo legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las obras puntualmente reclamadas son financiadas a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y dotan de servicios básicos a más de 850 mil familias.
En Mercedes, los trabajos abandonados por una medida del presidente Javier Milei se desarrollaban en barrios como Marchetti, Redes y Soldado Balvidares. Los vecinos, a través de las obras incluidas en los programas Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares y Lotes con Servicios, recibirán prestaciones de agua, cloaca, energía eléctrica y pavimentación. Todo baja la supervisión y auditoría de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Antes de la neutralización impuesta por Milei, muchas de las obras estaban avanzadas. Aunque hubo algunos intentos de desinformación al respecto, desde el gobierno municipal y el bloque de concejales oficialistas se puso toda la documentación a disposición de la oposición y los vecinos en general y se despejaron todas las dudas. En las reuniones participaron también las empresas que se encargaron de los trabajos.
El CELS, al anunciar la medida tomada por la Justicia, informó que el gobierno nacional deberá reactivar los trabajos de infraestructura de servicios, desarrollo de equipamiento comunitario y mejoramientos habitacionales interrumpidos en diciembre.
Más aún, obliga al Ejecutivo nacional a presentar en tres meses un plan, articulado con los distintos gobiernos provinciales involucrados, con plazos, detalles y avance de obra. Los mecanismos de financiamiento deberán ser incluidos por el Congreso en el presupuesto del año próximo.
Según el CELS, “ante el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, la situación de las personas en los barrios populares se volvió cada vez más frágil. A eso se sumó el desmantelamiento de las políticas destinadas a mejorar sus condiciones habitacionales. Los programas que garantizaban el acceso al agua potable, energía eléctrica o cloacas se interrumpieron”.
El organismo acompañó así la demanda inicial de 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes a la que luego se sumaron otros 26 barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.
Para realizar los trabajos, el FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País, que el gobierno redujo drásticamente del 9% al 0,3%. Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar la calidad de vida. El derecho a la Integración Socio Urbana en los 6.467 barrios populares de todo el país está reconocido por la Ley N°27.453, que creó el Programa de Integración Socio-Urbana y los mecanismos para garantizar su financiamiento. Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas y fue reconocida por organismos locales e internacionales. Sus políticas fueron implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri y continuaron luego con Alberto Fernández.
